Un modelo de resolución de conflictos que fortalece la paz y alivia el sistema judicial
Santo Domingo, D.N., 23 de octubre de 2022. – El modelo de resolución pacífica de conflictos impulsado por las Casas Comunitarias de Justicia (CCJ) ha generado un ahorro superior a los RD$8,000 millones al Estado dominicano en solo cuatro años, al tiempo que ha fortalecido la convivencia ciudadana y el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables.
Esta cifra se desprende del estudio “Análisis del Impacto Económico y Social de las Casas Comunitarias de Justicia en la construcción de una cultura de paz en la República Dominicana (2017–2021)”, elaborado por la firma consultora Oficina Sosa Montás S.R.L.
Impacto cuantificable en la economía y la justicia
Desde su fundación en 2006, las CCJ han beneficiado a más de 500,000 personas, brindando servicios gratuitos de mediación, orientación legal y apoyo psicológico. Actualmente, operan en siete municipios, un distrito municipal y el Distrito Nacional, y avanzan hacia la expansión en cuatro localidades adicionales.
Según el informe, el programa ha tenido el siguiente impacto económico:
- RD$4,884.2 millones en ahorro directo al Estado.
- RD$3,044.6 millones en beneficios económicos a usuarios de sectores vulnerables que reciben servicios gratuitos.
- RD$249.1 millones en ahorros para el sector empresarial y laboral, gracias a la reducción de conflictos judicializables.
En total, el modelo representa un impacto económico de RD$8,178,011,766 durante el período 2017–2021.
Un modelo que construye paz y fortalece la democracia
“El modelo no solo aporta a la construcción de paz y la resolución de conflictos familiares, comunitarios y escolares, sino que también representa una inversión social con retorno tangible para el Estado, la ciudadanía y el sector productivo”, concluye el estudio.
Las CCJ promueven acuerdos consensuados a través de mediación y conciliación, evitando procesos judiciales costosos y prolongados. Esta práctica ha demostrado ser una herramienta eficaz para prevenir la violencia, mejorar el bienestar psicosocial y fortalecer el Estado de derecho.
Alianzas estratégicas que lo hacen posible
El Centro Casas Comunitarias de Justicia (CCCJ), organización sin fines de lucro que coordina el modelo, trabaja de la mano con una amplia red de aliados: el Poder Judicial, el Ministerio Público, gobiernos locales, universidades, organismos de cooperación internacional, empresas privadas y organizaciones comunitarias.
Estos actores se integran activamente al funcionamiento de las Casas, aportando experiencia técnica y respaldo institucional.
Resultados adicionales del estudio
Además del ahorro económico directo, el estudio destaca otros beneficios importantes del modelo:
- Reducción del tiempo y los costos asociados a los procesos judiciales.
- Menor necesidad de permisos laborales y ausencias por procesos judiciales prolongados.
- Ahorro económico y mayor tranquilidad psicológica para los usuarios.
- Descongestión de los tribunales y fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones locales.
Un modelo nacido en las comunidades
La primera Casa Comunitaria de Justicia fue inaugurada el 13 de octubre de 2006 en Cienfuegos, Santiago, como un proyecto piloto respaldado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en una referencia regional en acceso a justicia, con impacto social, institucional y económico comprobado.